Hay reformas legislativas que marcan un antes y un después en la evolución del derecho. No obstante, existen transformaciones mucho más profundas que no nacen de una ley, sino de un cambio progresivo en la manera de pensar de una sociedad. Son cambios silenciosos, casi imperceptibles, que no acostumbran a ocupar los titulares, pero que con el paso de los años terminan modificando las instituciones, las profesiones y hasta la cultura jurídica de un país. La mediación constituye, probablemente, uno de los ejemplos más claros de este fenómeno.
Cuando a finales del siglo XX se empezó a hablar de mediación en los ámbitos jurídicos europeos, muchos la contemplaban con cierta curiosidad y, en algunos casos, con un escepticismo evidente. Se presentaba como una alternativa al proceso judicial, un mecanismo útil para determinados conflictos familiares o vecinales, pero difícilmente comparable con la solidez y las garantías que ofrecía la jurisdicción. Aquella percepción era comprensible. Nuestro modelo de justicia había crecido durante siglos alrededor de una idea aparentemente incontestable, puesto que, ante un conflicto, la respuesta natural consistía en acudir a un tercero imparcial para que decidiera quién tenía la razón. El conflicto se entendía esencialmente como una cuestión jurídica y, en consecuencia, su resolución pasaba por la aplicación del derecho.
La mediación introdujo una mirada distinta. Sin cuestionar en ningún momento la función imprescindible de los tribunales, propuso una idea tan sencilla como revolucionaria. Incorporaba la idea de que no todos los conflictos necesitan resolverse mediante una decisión impuesta, porque muchos de ellos pueden encontrar una respuesta mejor cuando son las propias personas afectadas las que recuperan la capacidad de dialogar y construir la solución de forma conjunta.
Esta afirmación, que hoy nos puede parecer prácticamente evidente, representaba por aquel entonces un cambio profundo en la manera de entender la función del derecho. Por primera vez, el protagonismo dejaba de situarse exclusivamente en la decisión del tercero para trasladarse a la responsabilidad de las partes. La pregunta dejaba de ser únicamente quién tenía la razón para convertirse en una mucho más compleja y, a la vez, más humana: ¿qué necesita este conflicto para que las personas puedan cerrarlo mejor de lo que estaban cuando lo abrieron?
Quizá esta haya sido siempre la gran aportación de la mediación. No se trata tanto de facilitar acuerdos como de transformar la manera de observar el conflicto, entenderlo y participar en él con una mirada más humana.
Durante muchos años hemos identificado el éxito de una mediación con la firma de un acuerdo. Las estadísticas acostumbran a medir los porcentajes de acuerdos logrados y a menudo este ha sido el dato principal para estimar su eficacia. Sin embargo, cualquier profesional que haya participado en procesos de mediación sabe que esta visión es incompleta. Hay mediaciones que concluyen sin acuerdos formales y que, pese a ello, han sido extraordinariamente útiles. Las partes han recuperado una conversación que parecía imposible, han disminuido la tensión emocional, han entendido mejor las necesidades de la otra persona o simplemente han dejado de verse como adversarios irreconciliables. Todo esto difícilmente aparecerá en una estadística, pero constituye, probablemente, el resultado más valioso que puede ofrecer la mediación.
La mediación no trabaja únicamente sobre el conflicto; trabaja, sobre todo, la relación que las personas mantienen con aquel conflicto.
Porque la mediación no trabaja únicamente sobre el conflicto. Trabaja, sobre todo, la relación que las personas mantienen con aquel conflicto. Esta diferencia es esencial. Un litigio puede acabar con una sentencia; un conflicto, en cambio, muchas veces continúa vivo pese a que el procedimiento judicial haya finalizado. Las resoluciones judiciales solucionan controversias jurídicas, pero no siempre restauran la confianza, ni reparan las relaciones personales o profesionales, ni permiten comprender lo que realmente ha conducido al desacuerdo. La mediación nunca ha pretendido sustituir esta función de los tribunales. Su propósito ha sido otro, dado que su interés ha recaído en complementar dicha función ahí donde el derecho, por sí solo, resulta insuficiente.
Los conflictos son personas
En realidad, la mediación nos ha obligado a redescubrir una evidencia que el propio derecho había sabido durante siglos pero que, en determinados momentos, había quedado eclipsada por una visión excesivamente procesal de la justicia. Los conflictos no son expedientes. Son personas. Detrás de cada demanda hay expectativas frustradas, miedos, emociones, relaciones familiares, intereses económicos, trayectorias profesionales o proyectos de vida que difícilmente pueden reducirse a las categorías jurídicas con que necesariamente trabajan los tribunales.
Esta mirada más humanista explica también que la mediación haya acabado trascendiendo los juzgados. No tardó en dejar de ser una herramienta reservada al derecho de familia para extenderse al ámbito comunitario, escolar, sanitario, mercantil, laboral, administrativo e, incluso, penal. Esta expansión no responde únicamente a una ampliación de espacios de intervención, sino a una constatación mucho más profunda: el diálogo constituye un valor transversal que puede mejorar la calidad de cualquier relación humana.
Cuando una escuela incorpora programas de mediación, su objetivo no es simplemente reducir las incidencias disciplinarias. Pretende educar a futuros ciudadanos en la gestión pacífica de las diferencias. Cuando un hospital apuesta por la mediación sanitaria, no busca únicamente evitar reclamaciones, más bien aspira a reforzar la confianza entre profesionales, pacientes y familias. Cuando una empresa desarrolla mecanismos internos de mediación, lo que realmente protege no es solo la productividad, sino también el capital relacional que sostiene toda la organización.
Es aquí donde, desde mi punto de vista, aparece la contribución más importante de la mediación. Su gran aportación no consiste únicamente en haber creado un procedimiento nuevo, sino en haber impulsado una auténtica cultura del diálogo. Una cultura que no se limita a los espacios de mediación, sino que progresivamente ha ido impregnando la manera en que las instituciones, las profesiones y la propia ciudadanía entiende la convivencia y la resolución de los conflictos.
Cuando una idea se traslada del ámbito de los especialistas para instalarse en el patrimonio colectivo, deja de ser una técnica para convertirse en cultura; y creo, sinceramente, que esto es exactamente lo que ha ocurrido con la mediación durante las dos últimas décadas.
Cuando una idea se traslada del ámbito de los especialistas para instalarse en el patrimonio colectivo, deja de ser una técnica para convertirse en cultura.
Esta afirmación puede parecer ambiciosa. Sin embargo, cuesta explicar la evolución reciente de nuestro ordenamiento jurídico sin reconocer la influencia que esta cultura del diálogo ha ejercido sobre el propio legislador. Las grandes reformas no suelen aparecer de manera espontánea. Antes que una ley cambie, suele cambiar la sociedad. Y antes de que cambie la sociedad, suelen aparecer profesionales que, desde la práctica diaria, demuestran que existe otro modo de hacer las cosas. Y así está sucediendo.
La mejor prueba de que esta transformación no ha sido solo teórica la encontramos, precisamente, en la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia procesal. Una lectura precipitada podría conducir a pensar que esta norma representa simplemente una ampliación de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. Sin embargo, creo que esta interpretación resulta insuficiente y hasta pueril. La ley no se limita a incorporar nuevos instrumentos; refleja una manera distinta de entender la justicia y de cómo debe acercarse a la ciudadanía.
Cambio conceptual transcendente
Durante muchos años, la mediación fue percibida como una excepción dentro del sistema. Era una alternativa al proceso judicial, una opción voluntaria que coexistía con la jurisdicción sin alterar sustancialmente su modelo. La misma terminología que usábamos lo ponía de manifiesto. Hablábamos de las Alternative Dispute Resolution, las conocidas ADR, de tal forma que definíamos estos mecanismos en relación con el proceso judicial casi como si su identidad dependiera del hecho de no ser jurisdicción.
La LO 1/2025 de E.P. introduce un cambio conceptual de una trascendencia abismal. Ya no habla de alternativas, sino de «Medios Adecuados de Solución de Controversias». El cambio terminológico puede parecer menor, pero expresa una auténtica evolución cultural. El legislador deja de preguntarse cuál es la alternativa para empezar a plantearse cuál es el mecanismo más adecuado para gestionar el conflicto. Es una diferencia aparentemente sutil que modifica profundamente la lógica del sistema.
Durante décadas, la justicia ha funcionado sobre un modelo prácticamente lineal. Ante cualquier desacuerdo, el recorrido era casi automático: teníamos una negociación informal, el fracaso de la negociación y, finalmente, el procedimiento judicial. Hoy esta secuencia deja paso a un modelo mucho más rico y más inteligente, en el que el proceso judicial continúa ocupando un lugar esencial, pero deja de ser la única respuesta imaginable. La jurisdicción continúa siendo imprescindible, especialmente cuando es necesario proteger derechos fundamentales, garantizar la igualdad de las partes o imponer una decisión ejecutiva. Pero antes de llegar a ello, el sistema reconoce que hay múltiples situaciones en las que las personas pueden obtener una respuesta más satisfactoria mediante otras vías.
Esta es, probablemente, la gran aportación de la reforma, puesto que no se desjudicializa la justicia, sino que se completa y hasta se vuelve más cercana y fácil de comprender.
En este sentido, considero que la LO 1/2025 de E.P. no representa tanto una ley sobre los MASC como una ley inspirada por la cultura de la mediación. Puede parecer una afirmación atrevida, pero creo que responde fielmente a la deriva de los últimos veinte o veinticinco años. La mediación ha sido el gran laboratorio donde se han ido ensayando formas distintas de gestionar los conflictos; un espacio en el que los profesionales han aprendido que escuchar no es un símbolo de debilidad, que el diálogo puede generar mejores resultados que la confrontación y que las personas suelen cumplir con mayor convicción las soluciones en las que han podido participar de forma activa.
Cuando el legislador decide incorporar figuras como la conciliación privada, la opinión de la persona experta independiente, el derecho colaborativo, la oferta vinculante confidencial o la negociación asistida, no está abandonando la mediación. Está reconociendo que esa manera de entender el conflicto ha madurado hasta el punto de permitir el desarrollo de un auténtico ecosistema de mecanismos dialogados. Cada uno de ellos presenta características propias, responde a necesidades diferentes y ofrece herramientas específicas. No obstante, todos comparten una misma idea de fondo, que va dirigida a la idea a la convicción de que las personas deben recuperar un papel protagonista en la gestión de sus conflictos y que la intervención de un tercero no siempre consiste en decidir, sino muchas veces en facilitar, orientar o ayudar a construir la mejor respuesta posible y hacer que las partes en conflictos atiendan a su corresponsabilidad.
Desde esta perspectiva, la mediación deja de ser un mecanismo más para transformarse en el hilo conductor que dota de coherencia al conjunto del sistema. Es la matriz central sobre la que se han desarrollado muchas de las instituciones que hoy conforman el MASC. Quizá por eso creo que sería un error interpretar esta evolución como una competencia entre mecanismos. La conciliación no resta espacio a la mediación, de la misma forma que el derecho colaborativo no pretende reemplazarla. Todos forman parte de una misma familia jurídica, aunque cada uno lleve a cabo funciones radicalmente diferentes, pero con un objetivo bastante similar.
La abogacía del siglo XXI
Esta idea se revela especialmente cuando observamos la evolución de las profesiones jurídicas. Durante mucho tiempo, el abogado era identificado principalmente con la defensa de los intereses de su cliente ante los tribunales. Hoy esta definición continúa siendo plenamente válida, pero ya no es suficiente. La abogacía del siglo XXI exige competencias que durante muchos años parecían ajenas a la práctica jurídica, como pueden ser la escucha activa, la negociación, la gestión emocional, la construcción de confianza, la comunicación estratégica o bien la capacidad para facilitar acuerdos sostenibles.
No se trata de que el abogado deje de defender los intereses de su cliente. Se trata de comprender que defenderlos adecuadamente implica, en muchas ocasiones, evitar un litigio innecesario, explorar vías de consenso o ayudar al cliente a tomar decisiones más responsables y más informadas. Esta evolución no afecta exclusivamente a la abogacía. También es perceptible en la función judicial, en la fiscalía, en el notariado, en los registros, en los graduados sociales, en los equipos psicosociales, en los profesionales de la salud o en el ámbito y la estructura empresarial. La cultura del diálogo ha dejado de ser el patrimonio exclusivo de los mediadores para convertirse en una competencia transversal de todas aquellas profesiones que intervienen en la gestión de los conflictos.
No se trata de que el abogado deje de defender los intereses de su cliente. Se trata de comprender que defenderlos adecuadamente implica, en muchas ocasiones, evitar un litigio innecesario.
Y es precisamente aquí donde, a mi parecer, la mediación ha logrado su mayor victoria. Las grandes transformaciones sociales no se producen cuando una idea es defendida únicamente por sus promotores, sino cuando deja de pertenecerles a ellos porque una comunidad entera la incorpora con naturalidad. Nadie cuestiona hoy la necesidad de que un médico sepa comunicar una mala noticia con sensibilidad, ni que un docente conozca técnicas de gestión de grupos, ni que un directivo desarrolle habilidades de liderazgo. De la misma forma, cada vez resulta más evidente que los profesionales del derecho necesitan dominar también las competencias relacionales que durante años la mediación ha contribuido a promover.
Este cambio, probablemente, constituye uno de los legados más importantes de la mediación y, al mismo tiempo, uno de los menos visibles. Su influencia no se limita a los procedimientos de mediación ni a los centros que se especializan en esta materia. Ha ido penetrando silenciosamente en la manera de entender el ejercicio de las profesiones jurídicas, hasta el punto de que hoy cuesta imaginar una justicia moderna que no incorpore, de un modo u otro, los valores que la mediación ha ido sembrando durante estas últimas décadas.
Pero esta evolución no se explica solo por una reforma legislativa ni por la transformación de las profesiones. Existe también un elemento cultural que, especialmente en Cataluña, merece una reflexión específica. La mediación no ha crecido en un terreno neutro. Lo ha hecho en una sociedad que, históricamente, ha atribuido un valor singular al pacto, al consenso y a la construcción colectiva de las decisiones. Quizá es precisamente esta tradición la que explica que Cataluña se haya convertido en uno de los territorios donde la mediación ha contado con un desarrollo más sólido y más coherente, de modo que ha podido servir incluso de ejemplo para otras comunidades o bien para otros países europeos.
Y de hecho, para finalizar, cabe añadir que la mediación no es en ningún modo ajena a la manera de ser de Cataluña, puesto que hablamos de una tierra que ha hecho de la prosa una forma de comprender el mundo, de la política una cultura del pacto, de su capital, Barcelona, un espacio de encuentro cultural y de la abogacía un compromiso con los derechos y las personas donde el diálogo no es solo un método de resolución de conflictos; es una manera de entender nuestra convivencia.




























































