El fichaje del teniente general Francisco Gan Pampols como vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, el pasado 19 de noviembre, saltó a la portada de todos los medios de comunicación y logró momentáneamente desviar el foco de la escandalosa ausencia del presidente Carlos Mazón durante las horas críticas de la trágica riada del 29 de octubre. No era para menos. Hacía más de cuatro décadas que un mando militar no ocupaba un cargo de esta relevancia política en España.
El último fue el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, a quien Adolfo Suárez nombró vicepresidente para Asuntos de Defensa en septiembre de 1976. Y una de sus primeras medidas fue precisamente obligar a los militares que quisieran dedicarse a la política a colgar definitivamente el uniforme. Quería poner fin de manera radical a casi dos siglos de historia de España en los que los espadones de diferentes banderías se sucedieron al frente del gobierno en función del apoyo de sus compañeros de armas y no del respaldo de las urnas. El último de ellos, el general Francisco Franco, solo se apeó del poder cuando el cardiólogo Vital Aza Fernández-Nespral certificó oficialmente su fallecimiento.
La separación radical entre militares y política se ha ido difuminando en los últimos años, primero con reformas legales que la flexibilizaron, para evitar que pilotos del Ejército del Aire se presentaran a las elecciones con el único fin de pasarse a las líneas aéreas comerciales, donde recibían mejores emolumentos. Luego, con un goteo de desembarcos de antiguos profesionales de la milicia en los partidos políticos. A la hornada de los primeros años de democracia, cuando algunos oficiales antifranquistas se incorporaron a las Cortes democráticas, como los socialistas Juli Busquets o Carlos Sanjuán, siguió una segunda ola, ya entrado el siglo XXI, encabezada por el general del Aire Julio Rodríguez, jefe del Estado Mayor de la Defensa con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien dio la campanada al unirse a Podemos.
Aunque hubo algún otro fichaje aislado, como el del general de división Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu por el PP, fue Vox el que llenó de uniformados sus listas a las elecciones generales y municipales de 2019, con los generales Alberto Asarta, Agustín Rosety, Manuel Mestre y Fulgencio Coll. Los tres primeros ocuparon un escaño en el Congreso y el último fue concejal del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, pero ninguno ejerció poder ejecutivo.
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En países como Estados Unidos (con el que fuera secretario de Estado de George W. Bush, Colin Powell) o más aun Israel (con el exprimer ministro Ehud Barak, entre otros muchos casos) es habitual que antiguos militares hagan carrera política o sean contratados como directivos por grandes empresas tras abandonar las Fuerzas Armadas. En España, donde casi todos los mandos militares pasan a la reserva antes de cumplir 65 años, muchos se dedican a dar conferencias e intervenir en programas de televisión en su condición de expertos (como hizo el propio Gan Pampols la víspera de su salto a la política) o fichan por empresas de armamento, lo que les expone a ser acusados de beneficiarse de las puertas giratorias, pues no es fácil saber si les contratan por su experiencia o por sus contactos con excompañeros que siguen en activo en órganos de decisión.
Es cierto que los altos cargos del Ejército, además de saber de estrategia o sistemas de armas, tienen una experiencia muy útil para la vida civil en campos como la dirección de organizaciones complejas, la gestión de personal o el apoyo logístico. Eso es lo que se ha esgrimido en el caso de Gan Pampols, cuyo currículum nacional e internacional incluye el mando del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) o del Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN en Bétera (Valencia). Aunque eso haya inducido a equívocos pues, aunque dirigió el Equipo de Reconstrucción Provincial de Badghis, lo que se ha esgrimido como aval para su nueva responsabilidad, en realidad la reconstrucción de esa provincia afgana correspondía a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) y a la empresa pública Tragsa, mientras que la tarea del contingente militar se centraba en garantizar su seguridad.
El prestigio de los galones
Lo relevante es si Mazón ha designado como vicepresidente al ciudadano Gan Pampols, debido a sus capacidades para la tarea encomendada, o más bien ha elegido al teniente general Gan Pampols, por el prestigio de sus galones y su uniforme. Y hay pocas dudas de que ha pesado más lo segundo que lo primero.
La nota de prensa oficial de la Generalitat valenciana que anunciaba su nombramiento llevaba un título significativo. «El teniente general Francisco José Gan Pampols asumirá la Vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social», decía. En cambio, el título del comunicado en el que se hizo pública la designación de otros dos consejeros era el siguiente: «Juan Carlos Valderrama Zurián asumirá la Consejería de Emergencias e Interior y Nuria Martínez Sanchís será consejera de Justicia». Había que leer el texto de la nota para enterarse de la profesión de los nuevos consejeros: Valderrrama es doctor en Medicia y Cirugía; y Martínez, abogada.
Lo sorprendente es que Gan Pampols pidiera garantías a Mazón, y este se las diera, de que en su nuevo cargo no recibiría «directrices políticas».
Con la elección de su vicepresidente, Mazón ha querido beneficiarse de la buena imagen de las Fuerzas Armadas, a las que todas las encuestas sitúan como una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad española; compensar el malestar que provocaron sus críticas públicas al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, a quien reprochó que dijera que no podía actuar en la zona castigada por la dana sin autorización de la Generalitat y reconociera luego que se había adelantado a la misma; y hacer un giño al electorado de Vox, cuyos consejeros salieron de su gobierno en julio de 2024 pero cuyos votos sigue necesitando para gobernar.
Lo sorprendente es que Gan Pampols pidiera garantías a Mazón, y este se las diera, según las declaraciones del primero, de que en su nuevo cargo no recibiría «directrices políticas» y de que la reconstrucción de la zona arrasada por los efectos de la dana quedaría «fuera del debate político». Se trataba de una promesa imposible de cumplir pues, como vicepresidente, tendría que comparecer ante las Corts Valencianes, dar cuenta de su gestión y responder a las preguntas de la oposición. Gan Pampols ha reconocido luego que su trabajo deberá someterse a «juicio político», pero ha insistido en su carácter técnico, obviando que el plan de reconstrucción se basará en decisiones políticas: recuperar la situación previa al 29 de octubre o partir de un nuevo diseño urbanístico; dar prioridad al parque de viviendas o al tejido productivo, etc.
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Blindaje ante las críticas
Además, el presidente de la Generalitat ha fiado su propio futuro político al éxito de la tarea encomendada a Gan Pampols. «Si no soy capaz de liderar la reconstrucción no optaré a la reelección», aseguró el pasado 15 de noviembre durante su comparecencia ante las Corts. Al poner la obra de la que depende su continuidad en manos de un teniente general, Mazón pretende blindarse ante las críticas: si sale mal, puede prescindir de este; si sale bien, difícilmente le disputará el primer puesto en la futura lista electoral del PP.
El desembarco del nuevo vicepresidente castrense ha sido polémico, pues una de las primeras medidas del remodelado Consell consistió en eliminar los topes salariales para sus consejeros. Mazón alegó que tomaba esta medida para que «un funcionario que viene a servir [al Gobierno valenciano] en un momento como el actual no pierda derechos retributivos». Sin embargo, Gan Pampols ya estaba retirado, por lo que cobraba la pensión máxima de jubilación, 44.450 euros al año. Pese a ello, se introdujo en el decreto una cláusula ad hominem para que cobrase con arreglo al sueldo de quien ocupa su último destino en activo; es decir, como si aún fuera el jefe del cuartel de Bétera, unos 95.000 euros anuales. «Yo tengo una carrera administrativa de 44 años, unos derechos retributivos consolidados y en la Administración General del Estado estos se respetan siempre», alegó el nuevo vicepresidente.
El desembarco del nuevo vicepresidente castrense ha sido polémico, pues una de las primeras medidas del remodelado Consell consistió en eliminar los topes salariales para sus consejeros.
Gan Pampols nombró secretario de su Gabinete al general de brigada Venancio Aguado de Diego. El vicepresidente pidió a Mazón tener manos libres para elegir a sus colaboradores y recurrió como era previsible a personas de su confianza con las que coincidió a lo largo de su larga carrera militar: Aguado fue su subordinado como jefe del Estado Mayor del CIFAS cuando él lo dirigía.
La imagen de dos generales al frente de la reconstrucción de Valencia resulta, cuanto menos, inquietante. La gestión de la tragedia ha generado un fuerte malestar hacia los dos grandes partidos: el PP, que gobierna la comunidad autónoma; y el PSOE, la Administración General del Estado. El hecho de que la protección civil fuera responsabilidad de la primera no ha evitado que la indignación se dirija también contra la segunda; a las víctimas de una emergencia no les importa lo más mínimo el reparto competencial. De este caldo de cultivo ha intentado sacar provecho la extrema derecha, que ha cargado contra un «Estado fallido» que abandonaba durante días a los damnificados; y ha atizado con bulos la desesperación de los vecinos de las zonas afectadas y la consternación del conjunto de la sociedad.
Leer entre líneas
Cuando Gan Pampols declaró que no aceptaría «directrices políticas» en su puesto, todo el mundo leyó entre líneas que se refería a las corruptelas, trato de favor y tráfico de influencias asociadas a los escándalos que en los últimos años han sacudido a las principales fuerzas políticas. Nada garantiza, sin embargo, que un técnico o un militar «apolítico» sea inmune a estos vicios. En realidad, solo el control del poder legislativo, los tribunales y la prensa garantizan en democracia que estas prácticas se corrijan cuando son detectadas.
Si acaba calando la idea de que los partidos políticos no están capacitados para acometer la ingente tarea de la reconstrucción, porque inevitablemente acaban poniendo sus intereses partidistas por encima del interés general; y que, en tiempos de crisis, es mejor encomendar la tarea a un cirujano de hierro, militar por supuesto, nada impedirá que cuando llegue la próxima crisis, esta vez no limitada a Valencia sino quizá de carácter nacional, se busque aplicar la misma receta. Ese fue el papel que se atribuyó a sí mismo el general Miguel Primo de Rivera, el primer dictador del siglo XX español, de cuya llegada al poder hace ahora 101 años.
