Freedom for the wolves has often meant death for the sheep
Isaiah Berlin (1969) citado por J. Stiglitz
El próximo 27 de junio el gobierno español tendrá que tomar partido. Si, en base al Informe de la CNMC, autoriza la OPA (hostil) del BBVA sobre Banco Sabadell con condicionantes o si, por el contrario, en base al interés general considera que no es conveniente para el conjunto del país.
Llevamos más de un año dándole vueltas con argumentos contradictorios que, a mi parecer, ponen de manifiesto, en el fondo, dos maneras diferentes de cómo se tendría que organizar la economía y qué papel tienen que jugar las instituciones y los mercados.
Es decir, si se considera la OPA como una operación entre particulares/accionistas, entre la oferta y la demanda de acciones a un precio, sin prácticamente restricciones; o, si por el contrario, el Estado (en este caso el gobierno español) entiende, de acuerdo con las normas europeas, que tiene que condicionar la operación para proteger el interés general. Analizamos las dos posiciones.
El BBVA, creo que con buen criterio, mira de afrontar con la OPA algunas debilidades. Tiene que equilibrar los mercados donde desarrolla su actividad. Tiene un peso demasiado grande en geografías como México y Turquía, países que tienen problemas de tipos de cambio. El banco constata que su dimensión es insuficiente para obtener lo que los economistas denominan economías de escala, y más si nos encaminamos hacia un mercado europeo más integrado. Lógicamente, quiere incrementar su peso en el mercado de las pymes, que es rentable y requiere cierta curva de experiencia. Y también «le sobra capital». Vendió el negocio en los Estados Unidos y tiene excedentes que tendría que invertir. Por eso los analistas le reclaman que suba el precio de la OPA.
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El BBVA se mueve dentro de una línea de pensamiento de dar la máxima libertad a los mercados, entendiendo, además, que esta posición liga con el interés general de la sociedad en su conjunto. Entiende, también, que la operación y los condicionantes de la CNMC no comportarán problemas de competencia en el mercado español.
Esta manera de pensar concuerda con la mantenida por los tres otros grandes actores en el mercado bancario español, que insinúan posibles injerencias políticas en el desenlace.
El interés general
Ante esta actitud colectiva del mercado, se tiene que estudiar si el interés general sale perjudicado o malparado con la operación.
Se entiende por interés general que el sistema bancario mejora o empeora si se reduce la competencia entre los actores o no, si descompensa el equilibrio; en definitiva, si hay perdedores. Aquí tenemos dos posiciones contrapuestas: la de la CNMC que estima que con las medidas o remedios que ha dictado no disminuye la competencia; la otra es la del Informe de la ACCO (Autoridad Catalana de la Competencia) que se manifiesta en sentido contrario.
La constatación empírica es que en algunos segmentos del mercado y en algunas regiones hay una clara concentración. Los cinco grandes bancos españoles han pasado del 40 % al 70 % en cuota de mercado. Es cierto que con medidas correctoras, como poner en venta carteras de clientes pymes, se podría paliar el alto nivel de concentración. Pero hay dudas razonables de que con los «remedios» que plantea la CNMC se pueda revertir la tendencia a la concentración.
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El interés general tiene en cuenta otros elementos que el Gobierno tendrá que contemplar. En cualquier actividad económica se tiene que valorar qué afectación tiene una compra sobre el resto de los llamados stakeholders, en especial los clientes, las pymes, las comunidades, el arraigo en el territorio. Toda una serie de argumentos de difícil cuantificación, pero de indudable impacto social. Además de los más evidentes, como son la regulación del personal y el cierre de oficinas.
En cualquier caso, una serie de cuestiones han quedado claras a lo largo de la polémica. La opinión pública es manifiestamente contraria a la operación; los partidos políticos, explícita o implícitamente, también; así como también las organizaciones intermedias, las pymes y las regiones más afectadas. Una encuesta generalista lo ha reflejado de forma clara. El sentimiento general no ve bien que desaparezca una empresa que presta un servicio en una comunidad de empresarios y clientes bancarios. Intuitivamente, se está en contra de disminuir la competencia al pasar de 4 a 3 grupos bancarios, porque se percibe que irá en perjuicio del común.
Los expertos en política institucional, los que buscan como se puede organizar mejor la sociedad, también en el campo de la economía, como el Nobel *Daron Acemoglu en Economía versus Política lo deja muy claro cuando dice que las medidas que refuerzan a los grupos sociales dominantes son malas políticas porque alteran los equilibrios de poder, acentúan las desigualdades y debilitan los contrapoderes.
Aun así, no deja de ser cierto que la Unión Europea tiene que ir lo más rápido posible construyendo un mercado financiero y de capitales lo más integrado posible, de acuerdo con las recomendaciones de los informes Draghi y Letta. Pero el camino correcto pasa más por la vía de integraciones transnacionales, que por el de desequilibrar mercados nacionales.
