El próximo 8 de agosto se cumplirán dos años exactos de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, tras el resultado electoral del mes de mayo de aquel 2024, que situó al PSC como primer partido del país, con 42 escaños, 7 más que el segundo partido, Junts. Por primera vez desde el estallido del procés, las fuerzas del espacio independentista no alcanzaban la mayoría absoluta de los escaños en el Parlament. De esta forma, el mandato que salía de las elecciones parecía evidente: la configuración de un gobierno con el PSC como fuerza central y que ya no obedeciera a la división por bloques que había caracterizado (tristemente caracterizado, a nuestro parecer) la política catalana en la última década.

Así pues, se abría un tiempo necesariamente nuevo, que debía dejar atrás unos años de confrontación estéril al que los resultados de mayo ponían punto y final. Un punto y final que debía corroborar el nuevo gobierno que surgiera de estos resultados. En un editorial de aquel momento pedíamos al nuevo gobierno que fuera capaz de volver a la institucionalidad que el procés y sus dirigentes habían hecho saltar por los aires, con graves consecuencias para el país desde muchos puntos de vista. Con la distancia que nos da el tiempo, parece más que evidente que el viaje a la nada que supuso el procés forzó al límite muchos de los elementos que definen el modelo institucional de nuestro autogobierno, tanto desde Cataluña hacia fuera como hacia dentro.

Los años del procés fueron un tiempo perdido para poder reforzar y avanzar en la construcción de un verdadero Estado federal en España. Es cierto que esta evolución ha parecido en algunos momentos una quimera imposible, por la tradicional oposición de las fuerzas conservadoras españolas y de sectores importantes de las élites funcionariales del Estado. También es cierto que la dinámica de configuración del núcleo de poder concentrado en Madrid desde principios de siglo («Madrid se va», como decía Pasqual Maragall) ha complicado el equilibrio de fuerzas a favor de una mejor y más justa distribución del poder entre los diferentes territorios que componen España. Ahora bien, también sabemos que la articulación de una propuesta federalista ha pasado y pasa indefectiblemente por el liderazgo de Cataluña. Un liderazgo que ha estado totalmente ausente a lo largo de los diez años que ha durado el procés, con el resultado evidente de un claro retroceso en la articulación territorial española y, por lo tanto, en las capacidades de autogobierno de Cataluña.

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Esta era una de las carpetas que esperaba al nuevo presidente Illa hace dos años encima del escritorio.

Pero también estaban las consecuencias del procés de Cataluña hacia dentro. Algunas, evidentes, y otras que han acabado explotando como bombas de acción retardada. Hace dos años, el presidente Illa identificó muy acertadamente que había que zurcir la sociedad catalana después de diez años de tensión identitaria, que había llevado al límite las costuras de un país, el nuestro, que siempre se desgarra por el mismo lado. El procés, en cierto modo, había hecho que retrocediera todo el trabajo desarrollado desde finales de los años 60 del siglo pasado cuyo centro neurálgico se encontraba en la unidad civil. La idea de que Cataluña era un solo pueblo no era una proclama idealizante, sino el instrumento conceptual que evitaba que el país se desgarrara en la lógica identitaria. El riesgo de este desgarro fue real en algunas fases del procés y, si no se llegó a un enfrentamiento real entre comunidades identitarias y lingüísticas, no fue por la contención demostrada por los dirigentes independentistas, sino por el comportamiento de la gran mayoría de la ciudadanía catalana.

Sin embargo, el procés ha dejado cicatrices profundas en algunos segmentos de la sociedad catalana, que en algunos casos son espoleados por fuerzas nacidas de algunas de las hogueras que se encendieron de modo irresponsable al calor del procés.

El gobierno Illa ha entendido desde el primero momento que una de sus cometidos principales era sanar estas cicatrices. En sus palabras, «unir» un país que había sufrido un golpe intensísimo que lo había llevado al borde del desgarro. Parte de esta acción ha sido la recuperación de la normalidad institucional, en el sentido de entender que el respeto entre instituciones, y el respeto de la Generalitat por sí misma, formaba parte de este propósito más general de «unión», de manera que toda la ciudadanía catalana reconociera en la Generalitat la institución que la representa, sin excluir a nadie. Era cuestión de recuperar la Generalitat para todo el mundo, después de unos años de devaluación de las instituciones del autogobierno. Cabe señalar, para ser justos, que esta normalización, aunque de forma parcial, ya la había empezado a llevar a cabo el gobierno presidido por Pere Aragonès.

Al mismo tiempo, hay que reconocer que la nueva Generalitat se ha esforzado en recuperar el papel de Cataluña en el marco general español, si bien no ha sido fácil ni han obtenido beneficios tangibles, más allá del apoyo que ha recibido (a veces menos tangible de lo que sería deseable) por parte del gobierno central. El problema, aquí, ha sido doble y su origen se encuentra en los años del procés. Por un lado, el procés ha dejado un poso de desconfianza hacia el gobierno catalán por parte de otros gobiernos autonómicos, que ha activado un resorte tradicional de desconfianza hacia cualquier iniciativa procedente de Cataluña. Por el otro, el gobierno de Illa se ha encontrado inmerso en un escenario general de extraordinaria polarización que hace imposible llegar siquiera a debatir cualquier iniciativa entre los dos grandes partidos de ámbito estatal. Un ejemplo más que evidente es la inviabilidad del debate sobre el necesario nuevo modelo de financiación autonómico.

Esta situación no es ajena a la creciente capacidad de Vox, una fuerza nutrida en sus orígenes por el procés, para condicionar las posiciones del PP. Y también cabe señalar el papel poco proclive al entendimiento por parte de Junts, que en algún momento condiciona el margen de maniobra de ERC.

En estos dos primeros años de gobierno, el ejecutivo Illa ha conseguido devolver a la normalidad aspectos esenciales de la política de nuestro país, que se habían visto gravemente perturbados por la aventura procesista. Era una condición sine qua non para los nuevos tiempos. Ahora bien, la fijación del gobierno desde el inicio en la gestión de los servicios públicos, hasta el extremo de querer convertirlo en el único baremo de su actuación, se ha transformado en un hándicap importante que, en cualquier caso, aún tiene tiempo para superar.

Podemos mencionar los diversos problemas enfrentados por el gobierno en estos dos años de legislatura, desde el caos de Rodalies a las huelgas de educación o de los médicos. Una mirada superficial podría alegar una desgraciada coincidencia, pero si queremos entender qué está pasando, debemos ir más allá. Al gobierno Illa le han estallado en la cara muchos años de dejadez en la gestión y las inversiones públicas, en el mantenimiento de los servicios imprescindibles para que el país funcione bien. Y esta dejadez coincide con un incremento espectacular de la población, un cambio de escala, «la Cataluña de los ocho millones», que supone no solo un aumento de la población, sino un aumento similar de la diversidad y la complejidad de nuestra sociedad.

En este sentido, querer fiar principalmente el éxito del gobierno en la gestión de las infraestructuras y de los servicios públicos quizá sea demasiado arriesgado, porque significa obviar que desde 2010 los sucesivos gobiernos de la Generalitat han sido incapaces, o peor, se han despreocupado por completo de garantizar la calidad de vida a sus conciudadanos, ya sea por ideología (gobiernos Mas), porque estaban por otra cosa (gobiernos Puigdemont y Torra) o por incapacidad (gobierno Aragonès). Precisamente, las vicisitudes del gobierno Aragonès deberían haber alertado al nuevo gobierno Illa en relación con la dificultad de mejorar unos servicios desatendidos durante más de quince años. Desatención a la cual no es ajena la administración general del Estado, sea del color político que sea, todo sea dicho.

A este error de apreciación por parte del nuevo gobierno hay que añadirle otro de mayor alcance: la fijación en la gestión ha dejado de lado durante los dos primeros años de singladura del ejecutivo Illa la necesaria construcción de una idea de qué debe ser la Cataluña posprocés, de manera que se está abandonando el campo de las ideas al discurso aberrante de las nuevas formaciones racistas, herederas de la cara más oscura del procés.

La sanación de las cicatrices no se puede producir solo a través de la normalización institucional y haciendo que los trenes lleguen puntuales. Al gobierno de Illa, después de dos años, hay que exigirle que explique qué país tiene en mente, que país nos propone. El último proyecto de país fue el que propuso el procés, que nos llevó a donde ya sabemos. Al final se ha podido normalizar la situación, hemos esquivado lo peor y la Cataluña unida ha podido sobrevivir. Y eso es en gran parte gracias al gobierno Illa y formará parte de su balance positivo. Ahora bien, ante las incertidumbres que angustian a nuestra sociedad necesitamos algo más, una expectativa de proyecto compartido para culminar el gran objetivo de unir y servir con el cual el presidente Illa inauguró su mandato.