Desde que el presidente de la Generalitat decidió a mediados de marzo retirar el proyecto de presupuestos para este año, las negociaciones entre el PSC y ERC para dotar al país de unas cuentas públicas no parece que hayan avanzado. Estamos en el mes de mayo y Cataluña no dispone de unos presupuestos actualizados aprobados por el Parlament. Disponemos, eso sí, de un proyecto de presupuestos desde finales de febrero, cuando la concejala de Economía los presentó al Parlament, a pesar de que el proyecto no tenía, como ya se vio entonces, el aval de la mayoría de la cámara, principalmente por la negativa de ERC no solo a apoyarlo, sino incluso a acceder a negociarlo.
Desde entonces seguimos en la misma situación. El proyecto descansa en un cajón, sin que los dirigentes de ERC hayan levantado el veto para que vuelva a entrar al Parlament para, esta vez sí, ser aprobado. Sin embargo, durante este tiempo transcurrido desde que el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto, no ha trascendido que se hayan estado negociando los presupuestos. Ni el Gobierno ni ERC han anunciado que se haya producido ninguna reunión para tratar el tema, mientras que el tiempo va pasando y la Generalitat se ha visto forzada a aprobar sucesivos suplementos de crédito para hacer frente a las necesidades financieras, que podrían haberse suplido con la entrada en vigor de los presupuestos.
La situación solo puede tildarse de aberrante. No por el hecho de que no se hayan podido aprobar las cuentas públicas, sino más bien porque es incomprensible que un grupo parlamentario, que es clave para la aprobación de estas cuentas, se haya negado a discutirlas con el grupo mayoritario, abocando al país entero a una parálisis completamente innecesaria y, huelga decir, extraordinariamente perjudicial. No es solo el Gobierno quien acaba sufriendo por no tener presupuestos, son los servicios públicos, los sectores económicos, los receptores de ayudas públicas y el conjunto de los ciudadanos, que se ven desprovistos del impulso que supone disponer de un instrumento esencial como es el presupuesto.
Viendo todo lo que está ocurriendo, la única conclusión plausible es la de admitir que ERC ha tomado el presupuesto de la Generalitat como rehén y, con él, al conjunto de la ciudadanía catalana. Este hecho es todavía más evidente cuando se observan los cambios de posición de los republicanos a la hora de argumentar los motivos de no querer dar luz verde a las cuentas. En primer lugar, la excusa de los dirigentes republicanos para obligar al Gobierno a retirar los presupuestos fue la cesión de la recaudación del impuesto de la renta, que ERC quería que se hiciera efectiva antes de discutir las cuentas. Huelga decir que el argumento era completamente inviable, ya que es más que evidente que la actual situación de la Agencia Tributaria Catalana no permite, ni de lejos, la gestión integral de un impuesto de la magnitud y la complejidad del IRPF. El argumento de los republicanos sonaba a una de esas «jugadas» a las que lamentablemente nos tiene acostumbrados el nacionalismo catalán, que consiste en reclamar una cosa imposible, para después quejarse de que no se le concede.
La equivocación de ERC ha quedado en evidencia en las últimas semanas, cuando el argumento para bloquear la aprobación del presupuesto ha cambiado. Ahora ya no es la cesión de la gestión del IRPF lo que impediría que ERC levantara el veto a las cuentas. Ahora el escollo sería, al parecer, la entrada de la Generalitat en la gestión de los aeropuertos catalanes, de titularidad estatal y gestionados por la empresa pública Aena. El giro pone claramente en evidencia la inconsistencia del primer argumento de ERC, por no decir la equivocación total de los dirigentes republicanos a la hora de plantear el bloqueo de los presupuestos a cambio de algo inalcanzable, no a corto plazo, sino incluso a medio.
El problema es que el planteamiento actual sufre del mismo mal, ya que no tiene una solución rápida y sencilla. El cambio de ERC parece obedecer a la improvisación, después de haberse dado cuenta del callejón sin salida al que (nos) aboca su primer movimiento. Los republicanos, sencillamente, han copiado el acuerdo al que ha llegado el gobierno central con el gobierno vasco, como quien levanta el dedo y dice «yo también lo quiero». Sin darse cuenta, ERC acaba de hacer aquello que hizo Francisco Camps en la reforma del Estatut valenciano: si lo tienen ellos, yo también lo quiero.
La situación podría ser cómica si no fuera porque nos jugamos cosas muy importantes. El país no se lo merece. La ciudadanía catalana merece más respeto por parte de sus representantes. Ni el uno ni la otra merecen ser rehenes de un núcleo dirigente amedrentado y acomplejado que, en vez de resolver sus dudas internas y estratégicas, se dedica a plantear apuestas irrealizables jugándose la estabilidad de todo el país, con el objetivo de no se sabe muy bien qué. Es hora de exigir un poco de respeto, de altura de miras y de saber hacer las cosas bien. Es lo mínimo que se les puede pedir a unos dirigentes políticos.


























































