Nunca la democracia había sufrido un ataque tan serio desde la guerra civil americana. Los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca han supuesto una prueba de tensión, un auténtico test de estrés para el sistema político de Estados Unidos, la división de poderes, la independencia de la justicia, la autonomía de las grandes agencias y órganos administrativos, la libertad de los medios de comunicación y, sobre todo, los famosos checks and balances que caracterizan el poder federal, dividido y difuso, característico de la gran nación americana.

Sobre la elección de noviembre de 2016, en la que Trump obtuvo mayoría de delegados electorales, pero tres millones de votos populares menos que Hillary Clinton, ya recayó muy pronto la sospecha de interferencia de los servicios secretos rusos, la utilización fraudulenta de datos de Facebook por parte de la empresa Cambridge Analytica y, también, la connivencia entre el equipo electoral de Trump y el Kremlin. Las abundantes noticias de contactos y tratos entre familiares y colaboradores de Trump y la embajada rusa dirigidos a anular las sanciones decretadas por Obama como castigo por las interferencias llevaron a la destitución y posterior procesamiento y condena judicial del consejero nacional de Seguridad, Michael Flynn, justo veintidós días después de su nombramiento.

Bajo las órdenes de Trump, el gobierno de los Estados Unidos se convirtió en un sujeto internacional incumplidor de sus compromisos y pactos. La diplomacia pasó a segundo plano y, a partir de 2017, fueron los tuits presidenciales los que marcaban el paso de una política internacional unilateralista, alérgica a las instituciones multilaterales. La prohibición de entrada a los Estados Unidos de ciudadanos de países de religión islámica, la construcción de un muro en la frontera con México y la expulsión de inmigrantes, con separación de familias y encarcelamiento de menores de edad, casi bebés, acabaron de destruir la imagen y el prestigio del país.

Un fiscal especial tuvo que investigar al presidente por colusión con Rusia, y en el Congreso se abrió contra él un procedimiento de destitución, o impeachment, por abuso de poder e interferencia en la acción de la justicia, dos mecanismos reglados de control constitucional del ejecutivo que Trump superó gracias a la mayoría republicana en el Senado y la sumisión de la fiscalía general del Estado. Desde los tiempos de Richard Nixon no se había producido tal concentración de poder en la Casa Blanca, aunque aquel presidente, también republicano, salió peor parado y tuvo que irse para evitar la destitución parlamentaria.

La ejemplaridad de la democracia de los Estados Unidos y su imagen internacional han quedado agrietadas por esta presidencia, pero la campaña electoral y, sobre todo, el período de transición entre la jornada electoral y la toma de posesión del nuevo presidente, el 20 de enero, todavía han hecho temer que las grietas se agrandasen. Donald Trump ha hecho cuanto estaba en su mano, mucho más allá de la más elemental decencia política, para evitar la derrota y, una vez producida esta, para desprestigiar el sistema electoral y presentar la victoria de Biden como un fraude electoral.

Ya antes de las elecciones anticipó que no aceptaría los resultados si le eran desfavorables. A pesar de las dificultades de la pandemia, extendió la sospecha de fraude sobre todos los votantes por correo. Una vez conocidos los resultados no ha querido reconocer la derrota en ninguna de las fases del escrutinio y de los votos de los delegados rompiendo una tradición centenaria en los Estados Unidos, donde es propiamente la concesión de la victoria del contrincante por parte del perdedor lo que permite dar por buenos los resultados. La imagen que ha ofrecido Trump del sistema electoral es la de un país del mundo en desarrollo o de una dictadura como la de Putin.

La autoridad de Trump entre los electos y los votantes republicanos no ha menguado. Un 82 por ciento creía, todavía este lunes 14 de diciembre, con la mayoría de 306 delegados para Joe Biden ya contabilizados, que el nuevo presidente ha sido elegido fraudulentamente y carece de legitimidad para gobernar. El equipo trumpista ha plantado cara a los tribunales en más de 50 casos para intentar anular los resultados favorables a Biden y, en dos casos, ha llegado incluso al Tribunal Supremo. En el último, planteado por el Estado de Texas con el apoyo de 17 fiscales de estados gobernados por republicanos, se pretendía anular 20 millones de votos de Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde Biden había ganado.

Aunque el Supremo y numerosos tribunales de apelación han estado copados por magistrados republicanos nombrados por Trump, a la hora de la verdad ello no le ha servido para conseguir resoluciones favorables a su estrategia de deslegitimación de Biden. De hecho, este es el elemento más relevante del buen funcionamiento del sistema de separación de poderes, a pesar de las presiones y manipulaciones de los últimos cuatro años: jueces de derechas nombrados por Trump se han comportado como magistrados independientes. Pero no es el único: la participación electoral –con la obligada inscripción electoral previa–, en plena pandemia, y en un clima coactivo en muchos distritos republicanos, ha sido la más alta del último siglo. Todas las agencias e instituciones electorales, los colegios, los funcionarios encargados de los recuentos, los jueces que han tenido que resolver los litigios tanto en los estados republicanos como en estados demócratas, han funcionado como un reloj, con precisión y decencia.

Del ataque a la democracia, primero durante la presidencia y, ahora, durante la transición presidencial, está saliendo una democracia reforzada y represtigiada que todavía deberá terminar de superar las pruebas para culminar la obligada renovación, después de la devastación trumpista. Será necesario que la renovación llegue al partido republicano y se invierta la actual opinión pública conservadora que se resiste a reconocer la victoria demócrata. Hará falta, también, que la justicia resuelva los numerosos litigios y casos con potencial penal abiertos contra Donald Trump, exonerado de responsabilidades penales mientras era presidente pero ciudadano normal a partir de ahora, con las mismas obligaciones para con el fisco y la justicia.

Los Estados Unidos después de Trump se enfrentan, pues, a una auténtica perestroika de la cual debería salir un sistema político renovado y una imagen recuperada de la ejemplaridad internacional de su democracia.